¿QUÉ Y QUIÉN HAY DETRÁS?

El 5 de marzo, el Congreso aprobó las modificaciones de la Ley de Costas del 1989

Amics de la Terra, organización que forma parte de la plataforma NO A NUESTRA COSTA, que cuenta con el apoyo activo de más de 200 organizaciones sociales y ambientales, ya ha advertido que la reforma de ley favorece los intereses privados en detrimento del bien público mediante la modificación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del plazo de las concesiones, postergando el problema de la ocupación privada de la costa a generaciones futuras.

Os ofrecemos un informe que señala quién se beneficia de estas modificaciones. ¡Una lectura interesante!

INVESTIGACIÓN DE LOS INTERESES DETRAS DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS

Esta reforma, (que cínicamente, pasa a llamarse Ley de protección y uso sostenible del litoral), supone una mayor degradación de la costa, reduciendo peligrosamente la protección del litoral que daba la antigua Ley de Costas y favorece la privatización y la especulación urbanística incontrolada en buena parte de la costa, estableciendo un sinfín de excepciones sin justificación técnica además de poner en peligro la conservación de hábitats y especies importantes.

El proceso ha estado rodeado de una falta de participación y oscurantismo destacables. De hecho, el proceso de participación y alegaciones públicas sólo se ha abierto a los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente y no a toda la sociedad.

En Ibiza existen sistemas dunares situados a más de 100 metros de la costa y que no están en primera línea del mar (playas de Comte, ses Salines, Es Codolar) y por tanto, no juegan un papel en la defensa o la estabilidad de la playa. Antes, estos sistemas dunares contaban con una protección incondicional, pero en la ley reformada, sólo da Protección si las dunas están en primera línea de mar y juegan un papel en la defensa o la estabilidad de la playa. ¿En base a qué criterios técnicos decidirán si las dunas son necesarias o no?

Consideramos que es una reforma discriminatoria, arbitraria y huele a compromiso político adquirido con personas e intereses concretos que se trasladan a una ley de carácter general, vulnerando el espíritu de la Constitución de 1978, que declaró expresamente el litoral como dominio público al ver lo que había pasado en España con el desarrollo de los sesenta y setenta.